- Para hacer realidad la libertad de elección de centro, la actuación de las autoridades públicas debe fomentar la iniciativa de la sociedad civil que quiere articular su derecho a la libertad de educación de acuerdo a sus convicciones, expresada en la creación de centros y en los requisitos que regulan los procesos de admisión de alumnos. El Estado debe garantizar que todo el alumnado tenga un puesto escolar acorde con las preferencias de las familias y, por tanto, la demanda social debe ser criterio prioritario en las decisiones de creación de nuevos puestos escolares.
- La libertad de elección y creación de centros exige seguridad jurídica. Por esa causa, demandamos criterios de permanencia de los conciertos que concreten esa seguridad, dotándoles de plazos y condiciones que dependan de criterios objetivos y no de la ideología de los partidos políticos de los gobiernos de las Comunidades Autónomas.
- De igual manera, la experiencia en el ámbito de las libertades aconseja ampliar las zonas de influencia de los centros para conseguir mejorar la libertad de elección. Por eso, sugerimos la instauración de una zona única en cada provincia para el proceso de admisión y escolarización.
- Puesto que los informes internacionales señalan que la autonomía de los centros contribuye en buena medida a la mejora del sistema educativo, solicitamos a las autoridades educativas la concreción expresa de ámbitos de autonomía en los aspectos organizativos, curriculares y de gestión.
- Los informes de los organismos públicos y otras entidades indican que el coste del puesto escolar de los centros privados es menor para el Estado que el que ofrecería a la sociedad con puestos de enseñanza públicos. Al mismo tiempo esa solución se adecua mucho mejor a las demandas de las familias. Por esos motivos solicitamos que el criterio para concertar la educación se apoye exclusivamente en la demanda social.
- La crisis ha propiciado problemas nuevos como el de los retrasos en los pagos que las autoridades públicas hacen a los centros privados. Los centros no tenemos la capacidad financiera de asumir esos retrasos en los cobros, por lo que pedimos que los costes de la financiación pendiente- incluidos los gastos de demora - se nos abonen puntualmente por parte de las Administraciones.
- El concepto de PYME, que caracteriza a la mayoría de nuestros centros, lleva consigo algunas ventajas a efectos fiscales y de orden económico. Apoyamos la iniciativa de la CEOE de ampliar esos beneficios a compañías con un número mayor de trabajadores, de modo que quede cubierta así la totalidad de nuestras empresas.
- Toda empresa educativa tiene gastos de funcionamiento y de gestión proporcionales a su tamaño y a las tareas que desarrolla. Esos gastos son similares en la escuela pública y en la concertada, pero las Administraciones educativas no asumen suficientemente los de la escuela concertada. Sugerimos un estudio que identifique los gastos de gestión de los centros públicos y concrete en esas mismas cantidades los de los concertados.
- Está a punto de ser aprobada la nueva Ley de Educación. Deseamos urgir al Ejecutivo para que se ocupe de los reglamentos y desarrollos que sean precisos, después de consultar a los centros que representamos.Solicitamos que esos cambios sean flexibles y se introduzcan con una adecuada transición.
- Como siempre, nos parece que la formación profesional, constituye la mejor solución que la sociedad puede poner en marcha para resolver los problemas de empleo y competitividad. Además, la unidad de mercado lleva consigo una análoga unidad de los sistemas de formación. Por eso nos brindamos a las administraciones para desde una óptica realista ayudar a concretar los desarrollos de las novedades que el Gobierno de España desea impulsar en torno a la FP dual o a la nueva FP Básica.
Algunas fotos del Congreso, que tuvo lugar en Pamplona (Navarra) durante los días 24, 25 y 26 Octubre 2013.
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